DESEMBARGO: Ejecutivo vs. Prescripción adquisitiva. Cual proceso predomina y por qué?
¿Es procedente levantar la medida cautelar de embargo sobre bienes inmuebles adquiridos por un tercero mediante prescripción adquisitiva de dominio?
El Tribunal Superior mediante auto interlocutorio de 2023, resolvió levantar las medidas cautelares que habían sido impuestas sobre los bienes inmuebles en cuestión, los cuales habían sido adquiridos por un tercero mediante prescripción adquisitiva de dominio. Este fallo se basó en una interpretación detallada de las leyes y principios que rigen las medidas cautelares, la propiedad y la prescripción adquisitiva en el contexto de los procesos ejecutivos.
La corte argumentó que, aunque la ley prohíbe la enajenación de bienes embargados, esta prohibición no impide la posibilidad de adquirir la propiedad de dichos bienes mediante la prescripción adquisitiva. Esto se debe a que la posesión no se pierde por el hecho del embargo y no existe disposición legal que se oponga a la usucapión de bienes cautelados en un proceso judicial.
El Tribunal enfatizó la importancia de garantizar la efectividad de las providencias judiciales, evitando la insolvencia del deudor mediante el embargo y secuestro de bienes. Sin embargo, también reconoció que es esencial proteger los derechos de terceros que adquieren bienes de buena fe. En este caso, el poseedor había adquirido la propiedad de los bienes a través de un título originario de dominio, diferenciándose de la enajenación, y por lo tanto, se determinó que era procedente levantar las medidas cautelares.
En la providencia, se destacó que el objetivo de las cautelas en los procesos ejecutivos es garantizar la efectividad de las decisiones judiciales sin perjudicar los derechos de terceros que adquieren bienes bajo la presunción de buena fe y sin estar involucrados en el proceso como deudores.
Este Auto del Tribunal no sólo resolvió el caso específico en cuestión, sino que también sentó un precedente importante sobre la interpretación de la ley en relación con la prescripción adquisitiva de bienes cautelados en procesos judiciales, equilibrando de manera efectiva los derechos e intereses en conflicto.
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