A propósito de los nuevos escándalos del gobierno denunciados y que involucra a congresistas, explicaremos lo que es el delito de “Cohecho”.
La noticia: Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia, está en el centro de un escándalo de corrupción relacionado con la compra irregular de carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira. Pinilla ha anunciado que “prenderá el ventilador”, una expresión que se refiere a revelar detalles y nombres implicados en el caso. En este sentido, ha mencionado a políticos y otros funcionarios de alto nivel, incluidos el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Representantes, y el exdirector de la UNGRD, entre otros (Semana) (Focus Noticias) (infobae).
Que se entiende por Cohecho
En cuanto a “cohecho” en el contexto colombiano, se refiere al delito cometido por un servidor público que acepta o recibe dinero, donaciones, regalos o cualquier otra recompensa a cambio de realizar un acto relacionado con sus funciones oficiales o abstenerse de hacerlo.
analogía
Para entenderlo con una analogía: imagina que el cohecho es como un árbitro en un partido de fútbol que acepta dinero de un equipo para favorecerlo durante el juego. Esto compromete su integridad y la justicia del juego, similar a cómo el cohecho afecta la transparencia y la justicia en las funciones públicas.
ARTÍCULO 405. COHECHO PROPIO. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005.: “El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.”
En el contexto colombiano, el cohecho implica sobornar o ser sobornado por una persona que ocupa un cargo público con el objetivo de obtener un beneficio indebido. Específicamente, el Código Penal Colombiano tipifica varias formas de cohecho. El cohecho propio (activo y pasivo) implica que un funcionario público reciba, solicite o acepte una dádiva, favor o cualquier otro beneficio para realizar, omitir o retardar un acto relacionado con sus funciones.
ARTÍCULO 406. COHECHO IMPROPIO. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005.: “El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.”
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
En relación con el caso de la denuncia y la noticia, si se comprueba que congresistas recibieron dinero a cambio de su voto en reformas legislativas, estarían incurriendo en un acto de cohecho, pues estarían aceptando beneficios para influir en sus decisiones legislativas, lo cual es contrario a sus deberes como funcionarios públicos.
Cuál es el proceso a seguir?
El proceso para enjuiciar a políticos en Colombia por delitos como el cohecho implica varios pasos. Primero, debe iniciarse una investigación por parte de la Fiscalía, que recolecta evidencias del delito. En el caso de los congresistas, debido a su fuero, el proceso penal puede requerir un trámite especial ante la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de procesar a los congresistas.
Si se encuentra mérito, se procede al juicio y, de ser hallados culpables, se aplican las sanciones correspondientes, que incluyen penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cúales son las penas?
En cuanto a las penas, dependiendo de la gravedad del acto y de si se consumó o no, las penas pueden variar desde prisión de dos años hasta penas mayores de ocho años, multas significativas, e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Además, si los implicados son parte de una entidad, esta también puede enfrentar sanciones, como la inhabilitación para contratar con el Estado.
Estos procesos son cruciales para mantener la integridad y la transparencia en la administración pública y asegurar que los funcionarios actúen en beneficio del interés general y no en provecho propio o de terceros.
Que hacer luego de que estos votos viciados generaran la aprobación de la reforma?
Esta es una pregunta que todos los colombianos se hacen y aquí van algunas ideas:
La Constitución Política de Colombia no establece de forma explícita qué debe suceder con las leyes aprobadas por congresistas involucrados en actos de corrupción. No obstante, la Constitución enfatiza la importancia de la moralidad y la ética en el ejercicio de funciones públicas y el cumplimiento de los deberes del Estado de garantizar el manejo adecuado de la función pública.
Según el artículo 6 de la Constitución, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
En términos de jurisprudencia, la Corte Constitucional de Colombia ha tratado casos donde la conducta indebida de congresistas ha llevado a la revisión de actos legislativos. Por ejemplo, si un congresista vota en un proyecto de ley del que tiene un conflicto de intereses directo, esa ley podría ser objeto de revisión y posiblemente anulada si se demuestra que afectó la integridad del proceso legislativo.
Esencialmente, mientras que la anulación de leyes no es un procedimiento directo ni automático según la mera implicación de corrupción, sí existen mecanismos dentro del sistema judicial y de control que pueden llevar a cuestionar la validez de las leyes aprobadas bajo circunstancias cuestionables. Estos procesos requieren pruebas y suelen ser complejos, involucrando tanto análisis legales detallados como investigaciones profundas sobre las circunstancias específicas de cada caso.
!Pero es que si el votante esta viciado, la reforma aprobada con su voto estaría viciada y la consecuencia sería anular su votación!
El concepto al que hace alusión la anterior afirmación, comúnmente conocido como la “doctrina del fruto del árbol envenenado”, proviene principalmente del derecho penal, particularmente en el contexto del derecho procesal y la evidencia ilegal. Este principio establece que si la fuente de la evidencia o la manera en que se obtuvo es ilegal o inapropiada, entonces cualquier evidencia derivada de ella también es inadmisible en un tribunal.
Aplicar esta doctrina al proceso legislativo es más complejo. No existe una aplicación directa de esta doctrina en la legislación o la jurisprudencia constitucional de Colombia respecto a anular automáticamente leyes basadas en la participación de congresistas corruptos en su votación. Sin embargo, si se puede demostrar que la corrupción influyó directamente en la aprobación de una ley (por ejemplo, a través de sobornos para obtener votos favorables), entonces esa ley podría ser susceptible de ser impugnada y potencialmente anulada.
moralidad pública
La Constitución y las leyes colombianas ponen un fuerte énfasis en la moralidad y la ética en el ejercicio de las funciones públicas, y existen mecanismos para la impugnación de actos legislativos bajo ciertas circunstancias. En tal caso, sería el papel de la Corte Constitucional revisar la ley en cuestión y determinar si la influencia corrupta fue suficiente para comprometer la integridad del acto legislativo, posiblemente conduciendo a su anulación.
Este proceso, sin embargo, sería judicial y dependería de acciones específicas, como demandas o peticiones presentadas ante la Corte, que deberán fundamentarse en pruebas concretas de que la corrupción alteró sustancialmente el proceso legislativo de manera que afectó el contenido o la adopción de la ley.
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