Corte Constitucional: objetivos de la acción pública de Inconstitucionalidad
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“La acción pública de inconstitucionalidad permite a los ciudadanos cuestionar leyes contrarias a la Constitución, garantizando la defensa de los derechos fundamentales y fomentando la participación ciudadana en la democracia de Colombia.”

La Sala de La Corte Constitucional en la Sentencia C-048 de 2020 recuerda que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido reiteradamente que la acción pública de inconstitucionalidad es manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana. Específicamente, esta acción constituye un instrumento jurídico valioso, que permite a los ciudadanos defender el poder normativo de la Constitución y manifestarse democráticamente en relación con la facultad de configuración del derecho que ostenta el Legislador (artículos 150 y 114 superiores).

En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad permite un diálogo efectivo entre el Congreso -foro central de la democracia representativa-, los ciudadanos en ejercicio -de la democracia participativa– y el Tribunal Constitucional -a quien se encomienda la guarda e interpretación de la Constitución-. Así pues, esta acción desarrolla los principios previstos en los artículos 1º, 2º y 3º de la Carta, que definen a Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático y participativo.

El proceso produce una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo. Es, en este orden, un instrumento que combina el ejercicio de los derechos políticos (artículo 40 CP), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poder desplegado por el legislador a través de la creación de normas jurídicas.

Claves para comprender este contenido:

La acción pública de inconstitucionalidad es una manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana.

Esta acción es un instrumento jurídico valioso que permite a los ciudadanos defender el poder normativo de la Constitución.

Los ciudadanos pueden manifestarse democráticamente sobre la facultad de configuración del derecho que ostenta el Legislador.

La acción pública de inconstitucionalidad facilita un diálogo efectivo entre el Congreso, los ciudadanos y el Tribunal Constitucional.

Esta acción desarrolla los principios de un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, según los artículos 1º, 2º y 3º de la Carta.

El proceso produce una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre el problema jurídico planteado.

La acción combina el ejercicio de los derechos políticos (artículo 40 CP) con las prerrogativas para controlar el poder del legislador.

Las disposiciones impugnadas pueden ser creadas por el Congreso de la República, actuando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo.

Guardianes de la Constitución

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